Partido Acción Nacional SLP

Hace unas semanas, jóvenes de toda Latinoamérica llegamos a Guanajuato, México, para estudiar el Diplomado en Competencia Política y Humanismo en el siglo XXI, promovido por la Fundación Konrad Adenauer Stiftung Montevideo y la Fundación Rafael Preciado.

Los participantes compartimos las problemáticas que nuestros países afrontan y que curiosamente son muy semejantes. En este sentido, analizamos el proceso que en algunas regiones de América Latina ha provocado la pérdida de estabilidad política y económica.

Con estas luces, Mariana Gómez del Campo, Secretaria de Asuntos Internacionales del PAN Y Vicepresidenta de la Organización Demócrata Cristiana de América (ODCA), nos explicó los riesgos de las políticas que la izquierda está posicionando en nuestra región y nos recordó que es a través de la defensa de las causas ciudadanas, como la lucha por la erradicación de la pobreza, es que podemos ser verdaderamente humanistas.

Además, Mariana nos instó a colaborar con que los partidos políticos representados en los jóvenes ahí reunidos -partidos con principios de centro humanista- sean fortalecidos por medio del apoyo mutuo internacional, trabajando en el objetivo común de la defensa de la democracia, los derechos humanos y las libertades, en resumen, seguir trabajando por ser el bloque latino que defienda la democracia.

Para todo esto, los partidos debemos capacitarnos y aprender a comunicar mejor nuestros principios humanistas y propuestas, con disciplina, compromiso y trabajo en equipo. El riesgo de no hacerlo, de no asumir este reto es el riesgo del desgaste de los principios democráticos, ante una oleada de autoritarismo disfrazado de democracia en la región.

Y es que defender los valores democráticos es fundamental, de ello estamos convencidos. En este sentido otro de los conferencistas, José Manuel Olivares, afirmó que tal pareciera que en muchos lugares de América Latina no se ha dimensionado todo lo que la democracia representa y permite.

Y es que José Manuel es venezolano y diputado exiliado por el régimen de Maduro. Él nos pidió ver las señales de las acciones de los gobiernos populistas y no permitir que lo que pasa en Venezuela suceda en el resto de América Latina.

Para él su país erró en un principio porque las personas no se dieron cuenta de que, por medio de la democracia, también podía llegar al poder una persona que destruiría el sistema democrático. En ello, identificó un factor que considera clave: que las personas mejor capacitadas no se interesaron en hacer política y le dejaron esa grande tarea a otros que no entendían el sentido de la palabra “servicio”.

Venezuela entonces, estaba en una época de bonanza económica, por lo que los mejores cuadros se preocuparon únicamente de su esfera de intereses individuales y decidieron no ocuparse de su país. José Manuel centró nuestra atención en un punto importante, la falta de interés en la política fue uno de los factores que derivó en la dictadura, situación que podemos identificar en la mayoría de los países de América Latina.

Con la dictadura, Venezuela se enfrentó entonces al cierre de medios de comunicación, a la censura, al bloqueo de medios digitales, por mencionar solo algunas de las consecuencias de represión que se vivieron. Ahora, si bien hay muchos países que aún no se enfrentan a esto, no podemos permitirnos llegar a ese límite, como el Diputado en el exilio, José Manuel Olivares mencionó, la “democracia es un tesoro”, no podemos permitir su desgaste, ni el retroceso de las libertades que tantos años y tantas vidas ha costado.

Ante estas reflexiones, integramos equipos con miembros de diferentes nacionalidades que llevamos la experiencia vivida de cada uno de nuestros países y los partidos políticos a los cuales pertenecemos, para la presentación de un reto académico, el cual consistía en plantearnos soluciones, desde el pensamiento centro humanista a los problemas que identificamos, y cómo desde el trabajo partidista, podríamos estructurar una estrategia eficaz para atenderlos.

Entre las propuestas presentadas estuvieron el que los partidos se planteen también soluciones a los problemas compartidos por los países de la región, como la migración o la defensa de la democracia, y, como nos expuso Carlos Castillo, quien hablaba del centro político en el escenario mundial, afrontar los grandes retos del siglo XXI desde una perspectiva humanista, considerando el entorno global, pero con acciones locales.

Otro de los aspectos señalados como relevantes es la necesidad de repensar la comunicación política, saliendo a las calles, difundiendo los principios humanistas y su perspectiva de solución. En este último sentido, una de las propuestas fue apostarle a la formación y capacitación de quienes participan en los partidos, para que estos puedan presentar ante la ciudadanía a personas preparadas y con valores políticos consistentes con el humanismo.

Tal y como mencionaban los conferencistas alemanes, Dr. Erik Voigt y Tristan Martens, para que funcione un sistema, los políticos deben formarse.

Tras este ejercicio partimos de vuelta a nuestros países con el firme compromiso de utilizar lo aprendido en fortalecer la Democracia, a través de impulsar que nuestros partidos se consoliden en la defensa de los valores humanistas y en que escuchen y entiendan las causas ciudadanas en América Latina.

Seguimos, aprendiendo los unos de los otros, extendiendo la red de jóvenes demócratas que trabajan unidos por la misma causa. Estoy convencida: hay esperanza para la democracia en América Latina.

#SomosLaKAS.

EL ROBO DE ARTE SACRO EN TEMPLOS MEXICANOS: UN DELITO QUE PUEDE PREVENIRSE.

Por Comunicación Social publicado 2019-12-21

POR: MTA. RITA SUMANO GONZÁLEZ

El Colegio de México

En nuestro país, las iglesias, capillas y demás templos religiosos católicos constituyen importantes centros de socialización. Estas edificaciones y los bienes muebles contenidos en ellas son relevantes para aquellos que profesan la religión, pero independientemente de su valor espiritual, también son centros de socialización donde se llevan a cabo bodas, bautizos, conciertos, fiestas patronales, ferias, charlas, retiros, visitas turísticas, etc. Son monumentos, parte de nuestro entorno, marcadores en el paisaje, hitos arquitectónicos, testigos de nuestra historia, fuente de identidad regional y motivo de orgullo nacional.

En términos legales, la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos (LFZMAAH), emitida en 1972, considera que “Los inmuebles construidos en los siglos XVI al XIX, destinados a templos y sus anexos; arzobispados, obispados y casas curales; seminarios, conventos o cualesquiera otros dedicados a la administración, divulgación, enseñanza o práctica de un culto religioso (…)” así como “los muebles que se encuentren o se hayan encontrado en dichos inmuebles (…)” son “monumentos históricos”, propiedad de la nación, inalienable e imprescriptible. En otras palabras, los recintos religiosos de factura anterior al año 1900 y los bienes contenidos en ellos, no se deben alienar (vender o transferir) y la posesión del Estado sobre ellos nunca prescribe (LFZMAAH, 1972, Art. 27 y 36).

En esa misma ley, el Art. 2 establece que es el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) el organismo que tiene la obligación de velar por la conservación, investigación y difusión de la enorme riqueza contenida en nuestras iglesias. Sin embargo, es frecuente que el INAH no llegue a todos los lugares donde debiera, que esté falto de presupuesto o no disponga de personal suficiente para cubrir los numerosos sitios que deberían estar bajo su resguardo. Frecuentemente, es la población la que se organiza para dar mantenimiento a los recintos religiosos a través de comités presididos por un mayordomo o fiscal principal, designado por el pueblo con base en su probidad, honestidad y reconocimiento dentro de la comunidad. El fiscal suele compartir la responsabilidad del cuidado de la iglesia con los miembros de su familia o su gente más allegada y en algunos sitios, se designa a una persona o familia para cuidar de una pieza, sea pintura, platería o escultura. Las obligaciones y términos en que estos “custodios” cuidan a su iglesia varían según los usos y costumbres de cada población, la extensión del templo, el tipo de devoción, etc.

Aunque la organización cambie, existe un continuo que define a todos estos tipos de socialización: su profundidad histórica. Varios siglos articulan a las poblaciones con sus creencias religiosas, por lo que el pasado tiene una relevancia central en la acción social presente y en las expectativas futuras. No se trata solamente de una devoción a Santa Rosa de Lima -por poner un ejemplo-; se trata de un vínculo histórico, espiritual e identitario con una Santa Rosa de Lima particular que está en un templo específico. Los objetos contenidos en las iglesias (pinturas, esculturas, platería, textiles, acabados arquitectónicos, mobiliario, instrumentos musicales y demás) son un vehículo entre las poblaciones y su pasado.

Paradójicamente, la riqueza y profundidad histórica de nuestras iglesias las hace susceptibles a varios riesgos, el más frecuente de ellos es el robo, pues la originalidad y belleza de muchos objetos litúrgicos hace que tengan un valor de mercado elevado. Tristemente, el robo de arte sacro en México es mucho más frecuente de lo que creemos, y muchas de esas piezas terminan en el extranjero, en galerías, casas de subasta, museos y colecciones privadas. La cifra oculta en este delito es alta (pues suele no denunciarse), pero se tienen datos oficiales que aseguran que entre el año 2000 y 2015, se presentaron 349 robos en recintos religiosos, que despojaron a las comunidades de 1077 objetos, entre esculturas, pinturas, platería y otros. Esto se traduce en un promedio de 6 objetos robados de nuestros templos cada semana, a los que debe sumarse una cifra oculta aún mayor (1115100031615, 15 de junio de 2015).

Al suscitarse un robo, el agravio que siente la población es elevado. Tras la ausencia del objeto de su devoción, la gente dice sentirse profundamente triste, desorientada, culpable de no haber sabido cuidar su templo y de no haber apreciado a los objetos cuando se les tenía. También puede llegar a señalar y culpar al mayordomo o comité a cargo, creándose divisiones y rencillas, y al presentarse otro tipo de desgracias en la localidad, se le suelen atribuir a la ausencia del santo. Cuando el ladrón es hallado en flagrancia, los sentimientos de indignación pueden llevar a la población al linchamiento, pues el robo constituye una acción desencadenante que agravia los valores sociales y las normas culturales de la comunidad (Gamallo, 2013:128).

A menudo, las poblaciones de origen se sorprenden al enterarse que su objeto devocional puede tener un valor económico más allá de su valor simbólico y espiritual. En este sentido, existe un latente conflicto entre la forma en que una comunidad otorga o interpreta su patrimonio cultural como algo valioso, y la forma en que este mismo objeto se descontextualiza para asignársele un valor de mercado. Mientras que para la comunidad una escultura es objeto de devoción, orgullo e identidad; para el llamado “mercado del arte”, el valor radica en su belleza o potencial decorativo, en su autenticidad y precio. La ausencia de un objeto devocional agravia también a la investigación y el estudio del pasado, pues se descontextualiza al monumento, se impide una lectura iconográfica completa del recinto y se le despoja de una parte de su historia.

Una vez que ha sido robado un objeto de arte sacro, el camino hasta su recuperación es arduo y tardado, y llegan a pasar décadas antes de que siquiera pueda ser ubicado. Muchos factores obstaculizan las investigaciones y la procuración de justicia y aquí no tendremos suficiente espacio para abordarlos, pero baste decir que la falta de catálogos institucionales, la falta de capacitación de algunas autoridades y la poca armonización de las leyes de países “consumidores” de bienes culturales con la legislación nacional y los convenios internacionales en la materia, hacen que recuperar y/o repatriar un monumento histórico mueble sea verdaderamente complejo. Por esto, como habitantes, ciudadanos, feligreses y mexicanos, debemos virar nuestra atención hacia la prevención del delito. Dejo en las siguientes líneas algunas recomendaciones básicas para prevenir el robo en recintos religiosos, extraídas de la experiencia y de los manuales de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura -UNESCO- y del Consejo Internacional de Museos -ICOM- en la materia (Thefo, 2012; ICOM, Object ID).

Hacer un inventario. En caso de robo, para poder recuperar la pieza, resulta indispensable contar con una fotografía que demuestre fehacientemente que el objeto estaba al interior del templo, por lo que es fundamental que todos estén registrados con fotografías de buena calidad y descripciones precisas. El inventario debe incluir la ubicación del objeto, sus medidas máximas, fotografías de detalles, descripción de materiales y características particulares como firmas, fechas y signos de deterioro. Es importante revisar cada cierto tiempo que las cosas sigan estando en su lugar y tener varias copias del inventario en distintos formatos y lugares. También, mantener el templo limpio, ordenado y sin acumulaciones, facilita que se pueda identificar rápidamente si algo ha desaparecido.

Hacer un análisis de riesgos. Por un momento, debemos pensar como ladrón y preguntarnos: ¿Es este objeto valioso? ¿Sería fácil robarlo? ¿Es fácil acceder al recinto por puertas, ventanas o por el campanario? ¿Cuándo tiene el templo menos vigilancia? ¿Qué tanto están comprometidas las autoridades religiosas con la preservación del recinto? ¿Dónde podría esconderme al interior de la iglesia? ¿Qué objetos podría llevarme con mayor facilidad?

Trazar un plan de protección. Una vez identificados los riesgos, éste debe considerar los siguientes puntos:

Reforzar puertas y ventanas por las que se pudiera entrar al templo cuando no está siendo vigilado y cerrar los lugares en donde se pudiesen esconder los ladrones durante el día (como los confesionarios o retablos).
Adoptar medidas disuasorias que eviten que los objetos puedan ser fácilmente tomados de donde están, como mantener las cosas pequeñas bajo llave o en vitrinas, o fijar objetos a mesas y retablos. Esto último, debemos hacerlo con métodos no invasivos y que respeten la estabilidad de las piezas.
Reforzar la vigilancia. Idealmente, un templo debería estar vigilado las 24 horas por voluntarios o personal capacitado, pero sabiendo que esto no necesariamente es posible, debemos crear la impresión de que siempre se encuentra alguien custodiando. Se pueden organizar rondines de vigilancia, instalar circuitos de videocámaras, alarmas o luces con sensores de movimiento. Se puede poner música suave para reforzar la idea de que hay gente presente o un timbre que avise cuando alguien entra o sale. Asimismo, debemos cuidar de no dejar escaleras cerca de bardas o del campanario y mantener un control de quién tiene y cuántas copias hay de las llaves del templo.
Controlar y comunicarse con los visitantes. Puede hacerse por medio de señales o avisos que indiquen cuáles son las reglas de visita: cuál ruta deben seguir, si están siendo videograbados, si deben guardar silencio, si está prohibido comer, usar flash, etc. Al encontrarnos con algún visitante, conviene saludar cordialmente de forma que quede claro que se les ha visto e identificado. De ser posible, no permitir la entrada al templo con bultos grandes y en horarios durante los cuales no exista vigilancia.
Hacer un plan de difusión. Es importante que los líderes religiosos, la población en general y las autoridades locales estén conscientes del valor patrimonial de los objetos contenidos en los templos. Por medio de carteles, conferencias, folletos o avisos explicativos se puede llevar a cabo esta labor e invitar a la población a mantenerse alerta y reportar cualquier actividad sospechosa con la autoridad local.

En caso que se suscite un robo, las horas que le siguen son cruciales para poder recuperar el objeto. Si nos encontramos con la escena del crimen, debemos procurar no tocarla ni alterarla, pues datos como huellas dactilares, de zapatos, objetos olvidados y hasta colillas de cigarros podrían ser relevantes para la investigación. Recordar si se vieron personas, vehículos o sucesos extraños en torno al templo en los días anteriores pueden ser datos muy útiles para ubicar a los culpables. Por supuesto, habrá que tener a la mano el inventario, pues con este se podrá identificar el objeto robado y, si todo sale bien, recuperarlo.

Es necesario apuntar que el robo de monumentos históricos muebles es un delito federal, por lo que es fundamental presentar una denuncia directamente ante la Fiscalía General de la República (FGR), que es la que persigue este tipo de delitos a través de su Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra el Ambiente y Previstos en Leyes Especiales (UEIDAPLE). Si se denuncia ante un Ministerio Público del fuero común, es posible que éste no sepa cómo atender el caso; si se da aviso al sacerdote pensando que éste va a poner la denuncia, debemos considerar que se han dado casos en donde es el propio párroco el que propicia el robo; si se advierte al INAH, es posible que se tomen tiempo para presentar la denuncia, tiempo que es crucial para poder recuperar el objeto y atrapar a los culpables. La denuncia ante FGR puede hacerse vía correo electrónico, presencial o incluso vía telefónica, y puede ser anónima.

La protección del patrimonio cultural mexicano debe ser una labor de todos y un compromiso con las generaciones venideras. Como habitantes, ciudadanos y feligreses, debemos tener en cuenta que jugamos un papel central en la protección de nuestros recintos religiosos, y que medidas sencillas pueden reducir sustancialmente el riesgo de que sufran un robo.

Referencias

Gamallo, Leandro. (2013). Los linchamientos en México: una tipología posible, Vázquez y Aibar (coords.), Procesos políticos de América Latina. Una lectura crítica del neoliberalismo, México: FLACSO, pp. 17 – 47.

International Council of Museums. Object Identification (Object ID). Recuperado de http://archives.icom.museum/object-id/index_span.html

Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, Diario Oficial de la Federación, México, 6 de mayo de 1972.

Solicitud de Información Pública 1115100031615 (15 de junio de 2015). Recuperado de www.infomex.gob.mx

Thefo, Stéphane (2012), Securing Heritage of Religious Interest, París, Francia: UNESCO- Interpol.

LA REPRESENTATIVIDAD SUSTANTIVA DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS EN LA INTEGRACIÓN DE AYUNTAMIENTOS. ASIGNATURA PENDIENTE.

Por Comunicación Social publicado 2019-12-21

POR: ALEJANDRO VELÁZQUEZ

«Vinieron. Ellos tenían la Biblia y nosotros teníamos la tierra. Y nos dijeron: ‘Cierren los ojos y recen’. Y cuando abrimos los ojos, ellos tenían la tierra y nosotros teníamos la Biblia»,

Eduardo Galeano.

La nación mexicana tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas. Así lo estatuye la constitución política de los estados unidos mexicanos (CPEUM)^[1] y así se advierte día a día en todos los ámbitos de la sociedad actual. Consciente de su composición pluricultural, el Estado ha procurado el reconocimiento de los pueblos y comunidades originarias en su sistema normativo con la premisa de garantizarles a aquellos mejores condiciones económicas, sociales y culturales.

En materia electoral, no obstante, subsisten retos que superar para la población originaria. Si bien la disposición constitucional citada vincula a las congresos locales a reconocer y regular la participación y representatividad indígena en la integración de los ayuntamientos, lo cierto es que en el caso de los municipios potosinos con población mayoritariamente indígena no existen ediles emanados de esos pueblos y comunidades.

Aún y cuando la reforma en materia de derechos humanos de 2011 esbozó la voluntad de parte del estado mexicano para optimizar el goce y ejercicio de los derechos indígenas, sus integrantes se enfrentan a la realidad de las democracias modernas y las limitaciones que éstas les han ido imponiendo a su participación política.

Lo anterior obedece a que las legislaciones locales en materia electoral, como la potosina, no han establecido acciones afirmativas que se traduzcan en una tutela efectiva para la participación de los integrantes indígenas no solo en sus asambleas comunales, sino también, en la participación sustantiva de los mismos en la integración de los cabildos de los municipios a que pertenezcan.

Esos mecanismos de tutela debieran implicar desde el acceso de los pueblos originarios a una legislación electoral editada en su dialecto, pasando por la convalidación de sus asambleas por el organismo público local electoral y decantando en la vinculación de los institutos políticos que permita la postulación de candidatos con adscripción indígena a cargos de elección popular.

La reforma en derechos humanos de 2011 y su repercusión en la electoral de 2014 a nivel federal y en 2017 en lo estatal, no definieron los cauces para garantizar el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a participar de manera activa en las decisiones políticas de sus ayuntamientos ni mucho menos el de ser votado. Si bien la ley electoral vigente en el estado impone en su artículo 297 la obligación a partidos políticos y candidatos independientes a postular en sus planillas para la integración de ayuntamientos a personas indígenas, se carece de los mecanismos que permitan el acceso efectivo de estas últimas a la integración de los cabildos.

Si bien la génesis del problema pudiera radicar en la nula divulgación de los derechos político electorales editados en lenguas originarias, como la náhuatl, y las omisiones al respecto en que incurren tanto organismos electorales como institutos políticos, lo cierto es que la tutela legislativa y jurisdiccional no corresponde, tampoco, al paradigma constitucional de nación pluricultural que, respetando y reconociendo las diferencias, allane la exclusión, segregación, pero sobre todo, la simulación que obstaculiza la participación sustantiva de las comunidades indígenas en la construcción democrática de nuestra entidad.

Ante un escenario en el que no basta la enunciación de los derechos electorales de los pueblos originarios, cobra vigencia el razonamiento de Norberto Bobbio respecto a que, en materia de derechos humanos, no basta su reconocimiento y positivización por parte del estado, sino que se habrá de trabajar en garantizar a plenitud el ejercicio fáctico de los mismos.^[2]

En un sistema normativo electoral que se asume pluricultural y heterogéneo, es imprescindible atender entonces a la cosmovisión de los sujetos del derecho: a sus usos, costumbres y creencias; a considerar que los procesos deliberativos y electivos de la mayoría de esos pueblos originarios se llevan a cabo en asambleas públicas, donde la calidad moral y el prestigio de los aspirantes se delibera durante largas jornadas a efectos de designar a quien consideran la persona más apta para representarlos.

Resulta ineludible la implementación de mecanismos y acciones afirmativas que resulten eficaces y decanten en una representatividad sustantiva en los ayuntamientos con población mayoritariamente indígena en los cuales, las regidurías de representación proporcional debieran reservarse para aquellos ciudadanos reconocidos, mediantes los usos y costumbres de las comunidades y pueblos originarios, como sus legítimos candidatos.

Se ocupa también, una justicia electoral que garantice la máxima tutela de los derechos electorales de los pueblos y comunidades originarias, desde el acceso a una defensoría pública especializada con sede en la región huasteca hasta la publicación de los autos, acuerdos y resoluciones traducidas a la lengua del actor de un juicio para la protección de los derechos político electorales del ciudadano.

Sólo con acciones afirmativas y mecanismos de tutela como las propuestas podremos no sólo garantizar una participación activa de nuestros pueblos originarios en el quehacer político local sino que, también, al hacerlos partícipes en la toma de decisiones, fomentaremos su identidad preservando su bagaje cultural, histórico y artesanal que forma parte de nuestra composición pluricultural como nación.

Bibliografía.

Anaya, S. James, Los pueblos indígenas en el derecho internacional, Madrid, 2005. Trotta/Universidad de Andalucía.

Aparicio, Marco, Los pueblos indígenas y el Estado. El reconocimiento constitucional de los derechos indígenas en América Latina, España, CEDECS, 2002.

Bartolomé, Miguel Alberto, Procesos interculturales. Antropología política del pluralismo cultural en América Latina, México, Siglo XXI, 2004.

Bobbio, Norberto, El problema de la guerra y las vías de la paz, trad. de Jorge Binaghi, Barcelona, Altaya, 1998.

Galeano, Eduardo, Las venas abiertas de América Latina, Buenos Aires, Siglo XXI, 1971.

Rouland, Norbert et al, Derecho de minorías y de pueblos autóctonos, México, Siglo XXI, 1999.

Zafra, Municipios de sistemas normativos internos. Elecciones 2013, México, Texto Inédito, 2014

^[1] Artículo 2, párrafo segundo.

^[2] Bobbio, Norberto, El problema de la guerra y las vías de la paz, trad. de Jorge Binaghi, Barcelona, Altaya, 1998, pp. 129 y ss.

¿DEMOCRACIA CUESTIONADA?

Por Comunicación Social publicado 2019-12-21

POR: NEREIDA CERVANTES FACUNDO

Me gustaría iniciar con las palabras del Filósofo Enrique Dusell, que me parece que es una buena manera de explicar en sencillas palabras lo que actualmente estamos observando en nuestro continente: “El poder político no es dominación, es obediencia a las exigencias que el pueblo pide al político y que este debe responder, entonces hay que escuchar primero”. “Es escuchar al otro, debe escuchar al pueblo porque el pueblo es la sede del poder, no el Estado; el Estado no tiene soberanía, la tiene el pueblo”.

Partiendo de esta premisa, dicha aseveración la podemos entender desde las teorías iniciales del contrato social, desarrolladas en el siglo XVl, para justificar el origen y el propósito del Estado, que implica la intervención de sus órganos en asuntos determinados, es decir, qué es lo que debe estar sometido a control gubernamental.

En este sentido, entender un régimen político democrático, implica al menos desde la cultura occidental, que cumpla con ciertos elementos, como por ejemplo elecciones libres, competitivas y en condiciones de igualdad ciudadana, un Estado de Derecho y un sistema de equilibrios, un régimen de libertades públicas (pensamiento, organización, movilización, petición) y finalmente un orden social orientado a la justicia que garantice el acceso a derechos fundamentales. De esta manera, el pluralismo, la diversidad, la tolerancia, la participación, el respeto y reconocimiento al otro, la libre determinación o autonomía, son principios que deben ser garantizadas por el Estado.

Sin embargo, actualmente la democracia no es más que una expresión de la lucha política entre diversos actores que integran un sistema político y social mundializado, los cuales sin lugar a dudas condicionan con sus demandas, acciones y omisiones el resultado de la estructura y funcionamiento del orden político democrático, con sus inevitables consecuencias como la desigualdad y tensiones sociales.

En Latinoamérica, la tensión que se ha venido presentando en la última década ha tenido diversas aristas, que se presentan entre las cuestiones referidas al individuo y aquellas asociadas a intereses más colectivos, por ello las críticas que se pueden originar al régimen democrático provengan igualmente de conservadores y revolucionarios, de izquierda y derecha, de liberales y mercantilistas, guerrilleros y militares, que traen aparejadas al fin y al cabo, concepciones éticas diferenciadas.

Quizá, lo importante de dar sentido a la democracia es que permite ubicar con claridad las competencias y legitimar a los respectivos actores que representan y que les corresponde el tratamiento y la resolución de las cuestiones de fondo planteadas en la vida social, económica y cultural de cada país.

La recepción de demandas por parte de la población supone respuestas viables, esto nos lleva a pensar que la separación entre democracia y satisfacción de las expectativas de la población tiene implicaciones, como por ejemplo, el proceso deslegitimador que sigue a tal separación, lo que al curso del tiempo inevitablemente desemboca en una crisis de gobernabilidad y abre espacios a formas autoritarias de ejercicio del poder público, bajo el espejismo de una supuesta eficacia y un orden aparentemente estable.

Por su parte, los Organismos Internacionales como la CEPAL, ya desde hace más de una década, daban cuenta del creciente alejamiento de los sectores medios respecto de los servicios sociales, dada la privatización de la educación y la salud y su encarecimiento, entre otros fenómenos, vinculados a la revelación contundente de que la falta de dinamismo y la vulnerabilidad de las economías frente a los nuevos escenarios de la globalización, así como las deudas del Estado en materia de equidad y sus efectos sobre la desigualdad distributiva, ponen cada vez más en riesgo la cohesión social y la estabilidad política en la región (CEPAL …[et al], 2007).

Bajo este contexto, encontramos que en las últimas semanas se ha venido vislumbrando, un panorama que da cuenta a lo que ya se había pronosticado años atrás, los enfrentamientos en Bolivia, por acusaciones de fraude electoral, o en Chile por factores de desigualdad, Ecuador por la eliminación de los subsidios a los combustibles, en Haití por la escasez de gasolina y alimentos o cuestionamientos a los dirigentes de los países por sus actuaciones, como los casos del presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, que ha enfrentado manifestaciones que exigen su renuncia ante el juicio por narcotráfico a su hermano en Estados Unidos, mientras el mandatario peruano, Martín Vizcarra, disolvió el Congreso en el marco de una larga crisis política por casos de corrupción.

De lo anteriormente reseñado, podemos entender que las diversas protestas y crisis políticas, están dirigidas a visibilizar las carencias de los diversos grupos, sin importar la tendencia política del gobierno en turno.

Ante este panorama, a nivel internacional también se ha notado una creciente preocupación por encontrar soluciones y lograr, un cierto consenso, partiendo de la base de iniciar los debates políticos y académicos en la forma de cómo entender la democracia actual, la garantía de los derechos fundamentales y en general de las políticas públicas como parte de las obligaciones del Estado para el cumplimiento efectivo de los derechos asociados a la existencia de una ciudadanía social, en términos de acceso a activos, ingresos y muy especialmente, de servicios, en particular lo que conocemos como DESC.

En este sentido, los rasgos esenciales de la vida política democrática, muestran que el marco institucional de actuación para lograr la vigencia de los derechos humanos es precisamente la democracia.

La literatura especializada, que plantea una visión de Estado con enfoque de derechos, coincide en reconocer que los principios sobre los que se fundan las nuevas políticas públicas, deben incluir la universalidad, incluyen la exigibilidad, la participación social, la integralidad y la progresividad.

El enfoque en derechos, es también un criterio ético toda vez que constituye una forma particular de asumir el papel del Estado y una forma de accionar y movilizar la maquinaria y el poder estatal para lograr el desarrollo. Dicho modelo de desarrollo responde al de expansión de capacidades o libertades propuesta por Amaryta Sen, que se formuló en el informe del PNUD de 1994, el mismo que difiere del enfoque de necesidades radicales o básicas (needs-based approach) y del enfoque utilitarista (cost-based analysis) en los criterios para adoptar decisiones de política pública. ( Alzo, 2014:55)

Asimismo, el investigador Alza Barco, señala que el enfoque de derechos da también la posibilidad de superar los análisis meramente utilitarios que focalizan la atención allí donde los recursos llegan a mayor población, aun cuando los problemas sean menos serios; o la mera búsqueda de impacto cuantitativo, que suele llevar a decisiones más tendentes a intereses electorales.

De esta manera da prioridad a la asignación de recursos a aquellos tipos de violación de derechos más severos aunque sólo sean afectados un pequeño número de personas, sin perjuicio de atender aquellos menos graves que afectan a un gran número de personas. Sin duda, la exigencia de atención es aún mayor cuanto más integral. La persona humana deja de ser aquí un consumidor o usuario, para pasar a ser un ciudadano que se apropia, exige y realiza sus derechos. (Alzo, 2014).

Desde este punto de vista, la existencia de un nuevo espacio público se expresa en lo siguiente:

a) Arreglos institucionalizados de participación deliberativa sobre las decisiones públicas y sus resultados, que se traduzcan en incidencia y exigibilidad sobre los derechos instituidos.
b) Gestión de la información y comunicación con la ciudadanía, para asegurar exigibilidad e incidencia.
c) Arreglos de co-producción público-privada, que creen sentido de comunidad y responsabilidad social.
d) Valores de los directivos públicos consistentes con la construcción de ciudadanía (Compromiso Social – Corresponsabilidad – Regulación Social – Deliberación…).

Para concluir, me parece importante destacar que tanto el individuo, las instituciones y la cultura, deben de combinarse de manera coherente para armonizar precisamente el equilibrio entre la persona humana, la sociedad, el Estado y la Naturaleza, lo cual hace que la democracia como sistema político por fundamento, finalidad y función, brinde la red institucional que permita el desarrollo y estilo de gobernanza que garantice el efectivo cumplimiento de los derechos humanos, lo que a mi juicio la presente administración debería de cuestionarse si realmente está existiendo una efectiva relación entre el ejercicio de poder y las exigencias sociales.

EL CAMBIO ADOLECE SOCIEDAD

Por Comunicación Social publicado 2019-12-21

POR: EVELIN MONTOYA

El decir y escuchar que el mundo ha cambiado es una frase que se ha normalizado y pocas veces nos detenemos a examinar las dimensiones que dicha afirmación implica. Decirlo parece ser el comodín para animar una conversación infructuosa o para quejarse de los infortunios de la actualidad. Es que aparentemente “todo tiempo pasado fue mejor”.

Sin embargo, esa existencia romántica y melancólica del pasado solo existe en el subconsciente colectivo de la sociedad, porque el mundo que habitamos es un presente continuo que no para de reinventarse, este hace cambios figuradamente sutiles que apenas y se alcanzan a percibir en la medida que van sucediendo, de tal manera que cuando se hacen conscientes, lo conocido ya no existe más.

Para aterrizar esta idea en un aspecto cotidiano pero crucial, piense en el contenido de los discursos que ha venido escuchando; todos demandan algo en común: cambio.

Es paradójico que esta necesidad de cambiar sea solicitada y criticada al mismo tiempo; entre otras, dicha dicotomía tiene una razón principal de ser, y es que hasta hace apenas un siglo se está comenzando a aceptar y visibilizar. Por ello parece inevitable que ese aire de nostalgia por el pasado se filtre en la actualidad y cause confusiones.

¿Se ha dado cuenta de la diferencia entre el discurso de candidatos políticos, gobernantes y demás líderes de antes del siglo pasado y de la actualidad? Previo al siglo XX se satanizaban las causas de los promotores del cambio; en respuesta a estos rebeldes, el discurso predominante de reinos e imperios desembocaba en penosas guerras para contener revoluciones. La demanda de cambios no era tan evidente porque se defendían las tradiciones y se salvaguardaba el orden establecido, incluso se fantaseaba con retomar alguna época dorada del pasado; en conclusión, la definición de orden estaba marcada por el status quo de las sociedades.

Sin embargo, excepciones a la norma general persistieron, y aunque las revoluciones sociales se manifestaban a plazos largos que respondían a la acumulación de pequeños pasos, bajo la mesa se gestaban las condiciones que facilitaron la formación del mundo que hoy conocemos, del mundo que solicita cambios adicionales a los que a un ritmo avanzado está experimentando. Las sociedades actuales no tienen tiempo de asimilar las mutaciones de su realidad cuando ya hay otras tocando la puerta.

Pensándolo detenidamente, lo anterior tiene todo el sentido. El año 1789 dio paso a una de las revoluciones más drásticas de la historia, la Revolución Francesa; luego la humanidad esperó hasta el siglo siguiente para que estallara otra: la Revolución industrial en 1820, y esta, a su vez, fue el caldo de cultivo para la Revolución Liberal en 1848. de ahí en adelante las revoluciones sociales se dieron entre largos intervalos de tiempo y con un común denominador que persistió hasta 1917 con la Revolución Rusa, junto con las dos grandes guerras del mundo: fueron mortíferas y sangrientas.

En contraste, los personajes más influyentes del mundo actual hablan de la necesidad de cambios. Sin ir muy lejos preste atención a la retórica de los candidatos locales, la gran mayoría de ellos argumentan sobre la necesidad de innovar, evolucionar, renovar, etc., la política y lo demás que en ella se abarque. Este discurso lleva implícita la promesa de anquilosar en el pasado lo viejo y edificar un mundo nuevo, mejor que el anterior.

Si usted se ha percatado de la diferencia de discursos, el mundo premoderno fue el promotor de un orden social rígido que se basaba en la continuidad, mientras que la realidad actual es el resultado más o menos pacifico de todo un proceso sangriento marcado por episodios de profunda violencia. El orden social actual se caracteriza por su flexibilidad y apertura al cambio.

Lo cierto de todo, es que en nuestra era las sociedades experimentan profundas revoluciones prácticamente cada año, estas van de la mano de una multiplicidad de enérgicos cambios que parecen ser inherentes y naturales a cada dinámica de agregados. A diferencia de las lentas revoluciones del pasado, la regla general de las actuales es que se desenvuelven de una manera pacífica y sin mayores resistencias.

A pesar de que después de las Segunda Guerra Mundial, con la puesta en escena del armamento nuclear que amenaza con la autodestrucción total del mundo, y contando algunos conflictos y genocidios locales, algunos expertos aseguran que vivimos en la época más pacifica que la humanidad jamás haya experimentado. Quizás esto sea el equivalente a un volcán que todavía no ha hecho erupción, pero por el momento se puede asegurar que ha sido el periodo de más derechos y garantías, tanto individuales como colectivas, que se haya conocido.

Por ende, luego de recorrer algunas páginas históricas, resulta confuso concebir el fundamento de que “todo tiempo pasado fue mejor” pero algo sí se puede asegurar, y es que los humanos constantemente pretendemos cambios porque nuestra naturaleza es inconforme, pero a la vez les tememos en cuanto suceden, esto tiene su causa en la incertidumbre que las transformaciones nos generan.

Para concretar el asunto, imagine al mundo como si fuera un adolescente. Cuando digo ‘el mundo’ hago referencia a las sociedades y todo el orden que en sus particularidades implican para la actualidad en general.

Desde el inicio estamos en tránsito, en realidad nunca hemos sido un orden permanente. El mundo siempre ha estado en la búsqueda de respuestas, eternamente ha estado patente la necesidad de acomodarse, de estabilizarse y encontrar el mejor camino para tomar.

El mundo, y todo lo que usted conoce es como un adolescente que está confundido y no sabe para dónde va (por supuesto que manifiesta una tendencia), está en la búsqueda de su razón de ser, de existir. Este adolescente está adquiriendo una nueva madurez y perspectiva de la vida, todo lo que hasta ahora le parecía conocido ya no le es de mucha utilidad para las decisiones que debe comenzar a tomar porque su vida ya no se rige bajo las mismas reglas que dirigían su niñez. Este adolescente sabe que pronto será un joven en camino a su adultez, cuyas preocupaciones serán totalmente nuevas, y, por lo tanto, desconocidas. Esta situación inevitablemente le exige cambios.

Dichos cambios son incómodos, le molestan, le deprimen; pero tiene, sí o sí, que adaptarse para poder evolucionar, transformarse y no quedarse en el camino.

Los políticos, economistas, pensadores y científicos saben muy bien de este asunto, por lo tanto, están hablando constantemente de ello, consolidándose como los principales promotores del dichoso cambio.

El embrollo está en el papel que la sociedad en general está desempeñando en este escenario. La confusión está entre si es protagonista o si está personificando un papel pacifico y secundario; si resulta ser lo segundo, estamos en graves problemas.

Entre los márgenes de estos discursos que adolecen cambios, la sociedad es como una pelota en un juego de ping pong (según un estudio realizado por la NASA es el deporte más complicado que un ser humano puede practicar a nivel profesional), no sabe para donde ir con independencia y se atiene a lo que los jugadores hagan con ella, a veces se sale del juego, pero siempre está entre un lado y otro de la mesa, la cuestión es que todavía no se ha percatado de que sin ella simplemente no hay juego.

Todo esto recuerda la célebre frase de Napoleón, quien se adelantó a su tiempo para manifestar que “las leyes que rigen las circunstancias son abolidas por las nuevas circunstancias”

Entre todo ¿cuál es el rol que está desempeñando Usted en todo esto?

ESCUCHAR DESDE LA TOLERANCIA: EL CAMINO ES LA PARTICIPACIÓN

Por Comunicación Social publicado 2019-12-21

POR: ALEJANDRO FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ

El discurso político está desgastado. No es un secreto para nadie. Es más, no solo el discurso, sino los actores políticos, el sistema de partidos e incluso, la percepción sobre la democracia.

Los gobernantes le han quedado a deber a la ciudadanía, no se han atendido las necesidades de las personas, y si nos vamos más atrás, buscando el origen del problema, pudiéramos afirmar que en muchos casos no se les ha escuchado.

El decir que los asuntos de la comunidad deben ser atendidos en exclusivo por quien detenta el ejercicio de gobierno es un error. Ese alejamiento del servicio público de la ciudadanía, yendo más allá, de la ciudadanía organizada, es un despropósito.

Son los padres de los niños y niñas con cáncer quienes conocen de primera mano las necesidades y carencias a las que se enfrentan todos los días en los hospitales, son las familias de las personas desaparecidas las que descubren, sin que nadie se los cuente, los vacíos legales a través del laberinto burocrático por el que transitan en la búsqueda de sus seres queridos.

El no solo ignorar las necesidades de la ciudadanía, sino incluso afirmar que “me da flojera”, como el Presidente López Obrador lo hizo, respecto de la solicitud del activista por la paz, Javier Sicilia, de que pudieran reunirse para pedir el replanteamiento de la fallida estrategia de seguridad,[1] demuestra, más allá del desprecio, una visión de Estado que gobierna desde el autoritarismo, no para todos, no para quien lo cuestiona, no para quien lo critica, ciertamente, no para quien propone algo diferente.

El discurso de, si no estás conmigo, estás contra mí, el borrar la identidad de mexicanos y mexicanas, para convertirla en liberales y conservadores, fifís y chairos -por decir solo algunas expresiones que se han vuelto ya parte del vocabulario común en la conversación diaria- nos regresa más de cien años en nuestra historia.

Somos una nación solidaria que, a pesar de un entorno como el antes descrito, en el que se usa como estrategia política la división, cada vez que una tragedia nos reta, hemos encontrado la forma de unirnos y salir adelante. Basta recordar los sismos y huracanes que han provocado una organización ciudadana desinteresada, en donde no se perciben colores ni preferencias políticas, en donde vemos al que necesita ayuda como lo que es, una hermana o hermano mexicano.

Es por ello que considero pertinente preguntarnos ¿no es válido para todas y todos los que habitamos México, preocuparnos y ocuparnos de los asuntos de nuestro país? ¿No son las distintas voces, las que hablan desde diferentes perspectivas las que pueden aportar al debate público y a encontrar soluciones? ¿Es posible disentir sin ser denostado? ¿Es posible disentir sin denostar? ¿No es la tolerancia un valor de demócratas?

Al plantear estas preguntas surge irremediablemente otra, ¿cuál es el camino entonces, para solucionar los problemas que más sufren las familias en nuestro país y en nuestro Estado? Seguramente quien lee estas líneas tiene su propia respuesta a lo que planteo, en eso, creo está justo el punto al que quiero dirigirme: la participación ciudadana no solo es necesaria, es indispensable, y las y los tomadores de decisión del gobierno, en sus tres niveles y en sus tres poderes, deben escucharla.

En Acción Nacional tenemos una máxima que traduce el principio de subsidiariedad: “Tanta Sociedad como sea posible, tanto Gobierno como sea necesario». Creemos que ese es el camino para el desarrollo, no es mediante una agenda impuesta desde el poder, sino desde una agenda que surja de la Sociedad, que atienda a sus legítimas necesidades, que sepa escuchar y reunir sus diferentes voces, que privilegie el fortalecimiento de Instituciones objetivas, a su servicio, no de quien gobierna.

Ante la realidad que es posible observar, se precisa insistir en el análisis, en la crítica, en la expresión de esta, en la denuncia, en la propuesta, en la acción ciudadana organizada por la solidaridad, el respeto a la dignidad humana y la búsqueda del bien común.

Uno de los grandes ideólogos del PAN, Adolfo Christlieb Ibarrola lo expresó de tal manera, que tal pareciera que lo escribió frente a este tiempo:

«En Acción Nacional concebimos la actividad política como una posibilidad de diálogo entre mexicanos de buena voluntad, que mediante el cotejo de opiniones diversas puedan hacer frente a los problemas de la patria.

Sobre el supuesto del respeto a los derechos de la persona humana y sobre la base de que gobernar no es imponer el criterio de quienes ejercen el poder, sino lograr la participación del mayor número de personas en las responsabilidades del bien común es factible ese necesario acotamiento de acuerdos para la tarea de todos y de divergencias para el diálogo, que Acción Nacional señala como semillas de unidad. Este diálogo, este cotejo de opiniones, acepta la controversia, la discrepancia, la oposición y la pasión por las ideas y solo excluye el prejuicio y el rencor contra los hombres»[2].

Desde el espacio en el que hemos decidido aportar, recordemos siempre que la tolerancia es virtud de demócratas, que el servicio público requiere sociedad, que la sociedad requiere participar, que el gobierno debe escuchar.

[1] Excélsior, México, D.F., 3 de julio de 1969. En: Escritos Periodísticos, pp. 650 y 652

[2 Alberto Morales, A. C. (19 de 11 de 2019). El Universal. Recuperado el 20 de 11 de 2019, de https://www.eluniversal.com.mx/nacion/de-flojera-recibir-sicilia-amlo