Entre 1943 y 1945, el mundo contemplaba cómo la maquinaria de guerra alemana pasaba de un poderío casi mítico a un absoluto desastre frente a los ejércitos aliados. Durante esos años, un escritor originario de la Birmania colonial de nombre Eric Arthur Blair, desarrolló un texto que anunciaba a Occidente las criminales contradicciones de la Unión Soviética, disimuladas por el silencio cómplice de Churchill y de los estadounidenses mientras concluía la guerra con Alemania. Los años consagraron a Rebelión en la Granja como una novela esencial para la crítica social del siglo XX y a George Orwell, el pseudónimo del escritor birmano, como una de las voces de denuncia más importantes frente a un fenómeno de nuestro tiempo: el totalitarismo. Orwell, un socialdemócrata de escuela marxista, apuntó claramente en su obra los gravísimos peligros de un sistema construido con base en una revolución social creada en las contradicciones e injusticias sociales de los regímenes decadentes. Orwell narra cómo a partir de las reflexiones de un anciano cerdo próximo a morir, los animales heredan el odio frente a las duras condiciones de sus vidas. Las bestias echan a los humanos de la granja y colocan en su lugar a los cerdos que, corrompidos, restauran las penurias del control humano pero ahora sobre una retórica pervertida que consagra los privilegios y la miseria del resto. Como demostraron los mismos soviéticos con los zaristas, o los nazis con los judíos, la retórica de la polarización no produce la justicia social, sino invariablemente degenera en regímenes injustos que desnaturalizan y avasallan la condición humana frente a las pretensiones soberbias de quienes encarnan el Estado. El discurso oficial construye el mito del enemigo natural sobre el cual todas las demás estrategias y acciones están justificadas. El otro se convierte en objeto, despojado de su condición humana, y con ella, de la protección de sus derechos.

México enfrentó a principios del siglo XX un estallido social producto de las contradicciones del porfiriato. No obstante, el producto político de ese movimiento fue un régimen autoritario de partido de Estado alrededor del cual se construyó todo el entramado de la vida pública. La retórica revolucionaria se constituyó en el germen de un sistema político antidemocrático, injusto y profundamente desigual. En ese contexto nación Acción Nacional, para oponer a la dialéctica de la destrucción una vía basada en los principios de la democracia soportados por la esencia moral de la doctrina social cristiana. El autoritarismo revolucionario, deseoso de ideologizar la vida pública del país, comprometió a nuestro país a avanzar por un camino de enfrentamiento con su herencia histórica y con la voluntad democrática del pueblo que peleó en la Revolución por la efectividad del sufragio. Es en este momento histórico cuando la herencia del movimiento de 1915 adquirió naturaleza corpórea en Acción Nacional. Hombres y mujeres de bien de todo México se organizaron no para ganar elecciones, sino para arrebatarle al gobierno la pretensión de secuestrar la historia y la identidad de la Nación con su visión de partido, incompleta e injusta.

En estos días hemos asistido a un momento histórico de grave necesidad: nuestro país, por medios plenamente democráticos, entregó el poder a un discurso de odio que, utilizando las grandes deudas sociales de la transición democrática y aprovechando la inercia de la indignación con el corrupto gobierno previo, ha decidido crear una atmósfera de confrontación para absorber la totalidad de la vida pública. Este mecanismo de desmontaje de las instituciones autónomas, el acoso al Poder Judicial y la persecución pública de medios y comunicadores incómodos ha recibido el nombre de Cuarta Transformación, para equipararlo a los momentos históricos de la independencia de España, la restauración de la república con Juárez y la revolución. Esta pretensión discursiva tiene dos propósitos: convertir a su partido y su ideología en la nueva verdad histórica inapelable, por un lado, y la resacralización del presidencialismo y su liturgia, por el otro.

Es necesario decirle a los mexicanos que el discurso de la cuarta transformación es esencialmente una farsa. Primero, porque de esos tres episodios de la historia nacional aún debe investigarse y escribirse mucho, especialmente desde las aristas que no fueron incluidas en la llamada “historia oficial”. Pero es esencialmente falsa porque no existe una transformación en un proceso que es esencialmente la restauración del régimen de partido de Estado. No existe un cambio en lo que es en realidad la reconstrucción del presidencialismo. Frente a un discurso donde el adversario es enemigo, donde la crítica es ataque y donde la voluntad del Presidente es palabra mesiánica, Acción Nacional debe entender su papel como garante de las libertades democráticas, la estabilidad económica y los contrapesos legales. El PAN debe abandonar sus revueltas intestinas para concentrarse en la recuperación del discurso público frente al altavoz totalitario que el nuevo gobierno pretende constituir como atalaya de la verdad única. Considero que la ruta para que el PAN se convierta en una oposición responsable pasa por un derrotero de tres estaciones: la recuperación de la identidad doctrinal, la defensa de las ramas legislativa, judicial y autónoma del poder frente al avasallamiento del nuevo partido de Estado, y la toma de una posición proactiva junto con la ciudadanía para evitar que el nuevo gobierno siga marcando la pauta de los asuntos públicos.

Frente al discurso de confrontación del gobierno, el PAN debe defender la bandera del Bien Común adherido a la vida pública. Frente al paternalismo coactivo de sus programas sociales, el PAN debe proponer políticas públicas a partir de la subsidiariedad que devuelva autonomía y dignifique a las personas. Frente al asfixiante control estatal que se pretende en los gobiernos locales, el PAN debe impulsar la solidaridad como articulador del federalismo, del municipalismo y de la vida pública. Frente a la mitificación del Estado y del caudillo, el PAN debe devolverle a la persona su papel central como objeto y fin de toda la actividad política. Sólo rompiendo mediante medios democráticos la retórica populista, podremos darle a México las respuestas que demanda en esta modernidad en la que cuesta trabajo identificar cada acontecimiento. En su primer prólogo a su obra Los Orígenes del Totalitarismo, Hanna Arendt escribe: “La corriente subterránea de la Historia occidental ha llegado finalmente a la superficie y ha usurpado la dignidad de nuestra tradición. Esta es la realidad en la que vivimos. Y por ello son vanos todos los esfuerzos por escapar al horror del presente penetrando en la nostalgia de un pasado todavía intacto o en el olvido de un futuro mejor.” Acción Nacional no puede refugiarse en su mítica historia democrática, ni celebrar permanentemente sus triunfos electorales presente o futuros. No puede cruzarse de brazos esperando que fracasen mágicamente las estrategias del partido oficial. Acción Nacional debe convertirse en la oposición responsable que rescate la vida pública, ofrece alternativas viables y enfrente la retórica con honradez, congruencia e inteligencia. México se merece la mejor versión del PAN y de nosotros mismos.

POR XAVIER AZUARA ZÚÑIGA
En la Historia Política de nuestro país, han existido 4 grandes Dictaduras mexicanas: La de Antonio López de Santa Anna, quién en la vorágine de poder ocupo la Presidencia de México 11 veces. La de Porfirio Díaz, quien ocupó la Presidencia de México durante más de 30 años hundiendo en la pobreza al sector social del país y la Dictadura Perfecta, esa que estuvo más de 70 años gobernando este país hasta que la victoria democrática de Acción Nacional, logró cambiar la historia.

Hoy, somos tristemente testigos de una Cuarta Dictadura que en menos de veintitrés días ha intentado destruir las instituciones y centralizar el Poder.

Las acciones del Gobierno Federal han probado que la creencia de “al diablo las instituciones” no es cosa del pasado. Veintitrés días le costó al pueblo de México, darse cuenta de la mentira que representa esta Transformación de Cuarta.  Veintitrés días le basto a Morena para intentar desmantelar las instituciones, vulnerar los contrapesos al Presidente, militarizar al país y centralizar el poder y los recursos económicos.

Veintitrés días fueron suficientes, para que Andrés Manuel intentara doblegar la Soberanía de los Estados y violar descaradamente el Pacto Federal, al quitarle recursos a los gobiernos locales y dárselos a los súper delegados con fines netamente electorales.

Ahora, a más de cien días del inicio de este nuevo Gobierno Federal, podemos decir que aquí ha estado, está y aquí seguirá estando Acción Nacional para señalar todas y cada una de las trampas, las maromas, los acuerdos en lo oscurito, y demás cochinadas que aprendieron bien, de aquél régimen que tanto criticaron en campaña.

Hoy quiero decirles a las ciudadanas y ciudadanos preocupados por el rumbo que le quieren dar a este País que no tengan miedo, estamos comprometidos a dar la batalla por la libertad y la justicia, estamos comprometidos a trabajar hombro a hombro con cada uno y cada una.

A los campesinos que están ahí afuera, les digo que Acción Nacional levanta la voz junto con ustedes. A todas y todos los servidores públicos que han sido despedidos injustificadamente por ésta Cuarta Dictadura les decimos que Acción Nacional irá hasta las últimas consecuencias por que se respeten los derechos laborales.

A las mujeres, a las madres solteras, a los grupos vulnerables, a los Rectores de las Universidades, a nuestros científicos, a nuestros deportistas, a las Organizaciones de la Sociedad Civil, y a todas y todos quienes trabajan en causas justas que se han visto afectadas por el mal planteamiento de lo que es sin duda un Presupuesto asistencial, regresivo, clientelar y poco transparente aprobado por Morena, quiero decirles que fue precisamente por estos motivos que  Acción Nacional no votó a favor del mismo.

Ante la evidencia de que la esperanza de millones de mexicanos de un futuro con más oportunidades y mejores empleos, quiere ser reducida al clientelismo y la cooptación, al más puro estilo de esta Cuarta Dictadura, hemos redoblado esfuerzos. No lo vamos a permitir. Seguiremos escuchando y llevando la voz de quienes no son escuchados, de a quienes se quiere acallar.

Ya lo decía don Manuel Gómez Morín “El valor, el gran valor consiste en conocer de antemano la inagotabilidad de la acción y en seguir obrando con fe en la eficacia del bien alcanzado cada día”.

Juntos, somos la oposición que denunciará y señalará el agandalle, la incongruencia y el enorme retroceso al que exponen al País con sus medidas populistas. Juntos, continuaremos en este camino inagotable de trabajo del que hablaba el fundador de Acción Nacional, por nuestra democracia, por las libertades de todas y todos.  Contamos contigo, cuentas con nosotros.

POR JOSEFINA SALAZAR BÁEZ
Lograr el reconocimiento constitucional de los derechos de las mujeres en México ha sido el resultado de largas luchas sociales, políticas, culturales, parlamentarias y de vida que solo pueden explicarse por la determinación de mujeres que, sin importar su condición o ideología, han concentrado sus esfuerzos en la construcción de una sociedad igualitaria entre hombres y mujeres.

La paridad de género en el Poder Legislativo que hoy nos hace sentir tanto orgullo como país, fue posible gracias al esfuerzo de muchas mujeres de todos los partidos que, desde hace décadas, hemos venido insistiendo en la necesidad de reconocer en la Constitución y las leyes, esa realidad social en la que hombres y mujeres debemos tener igualdad de oportunidades y derechos.

Fruto de la reforma constitucional de la paridad de 2014, en este 2019 por fin contamos con una integración paritaria en el Poder Legislativo Federal y Locales. En el Congreso de la Unión de 500 curules en la Cámara de Diputados 241 son mujeres, lo que constituye el 48%; mientras que en la Cámara de Senadores de 128 curules 63 son ocupadas por mujeres, un 49%. En los congresos estatales de 1,113 legisladores, 549 son mujeres, es decir, un 49%.

Sin embargo, estas buenas noticias contrastan con otros cargos de elección popular en los que prevalecen asignaciones asimétricas del poder en el acceso de las mujeres a algunos cargos. Por ejemplo, de todos los ayuntamientos del país solamente el 14% son ocupados por mujeres; de 32 estados en la república, solamente uno tiene gobernadora; y en la conformación de varios gobiernos estatales su presencia es reducida, tal es el caso de San Luis Potosí, donde en un gabinete legal compuesto por 17 secretarías, solamente 3 de ellas son encabezadas por mujeres, esto es, un 17%.

Es evidente que es necesario seguir trabajando en el empoderamiento femenino, en la apertura de mayores espacios en los partidos políticos a la participación de las mujeres y mayores asignaciones presupuestales a capacitación y formación política femenil, para que cada vez más mujeres reciban el sufragio pasivo en los espacios de poder público.

Pero hoy enfrentamos nuevos desafíos que no esperábamos, que no tienen que ver solo con las fórmulas de acceso al poder y que es indispensable hacerlos visibles porque están amenazando de una manera frontal los derechos de las mujeres de a pie, esos que se creían superados, pero que con el triunfo electoral de la autodenominada “Cuarta transformación”, han sido puestos en entredicho y cuya vigencia corre peligro, ante lo que pareciera una acción deliberada de desmantelar el andamiaje institucional que se construyó para mejorar la calidad de vida y las oportunidades de las mujeres durante los últimos años.

Como es de dominio público, varios programas dirigidos a la erradicación de la violencia contra las mujeres sufrieron una merma considerable en las asignaciones presupuestales, pero adicionalmente, hubo dos graves decisiones asumidas de forma directa por el presidente Andrés Manuel López Obrador que constituyen dos agravios severos a la integración laboral y el respeto a la integridad de las mujeres.

Me refiero, por supuesto, a la determinación de reducir sustancialmente (al menos un 30%) los fondos asignados al programa de “Estancias infantiles”; y la suspensión de las convocatorias para obtener subsidios a las organizaciones de la sociedad civil que mantienen en funcionamiento los albergues para mujeres que han sido víctimas de violencia.

En el primer caso, hubo una vaga denuncia generalizada del presidente de la república sobre una supuesta corrupción en el programa, la cual por cierto, nunca se acompañó de las pruebas de respaldo, tampoco se interpusieron las denuncias correspondientes y mucho menos se presentaron públicamente los responsables (particulares y servidores públicos) del presunto peculado, pero en contrasentido, la factura de esa autoritaria y arbitraria decisión se le transfirió a las madres trabajadoras que de golpe se quedaron sin la posibilidad de contar con un lugar adecuado para encargar el cuidado de sus hijos mientras trabajan. Así, la “cuarta transformación” negó a millones de mujeres la posibilidad de trabajar duro para sacar adelante a sus hijos.

En el segundo, nuevamente ocurrió una decisión generalizada, arbitraria y unilateral del titular del Poder Ejecutivo Federal, esta vez consistente en anunciar a través de declaraciones públicas primero, y posteriormente en un memorándum oficial, que giró instrucciones a todas las dependencias gubernamentales para cesar toda entrega de recursos públicos a cualquier tipo de organización sindical, no gubernamental o de la sociedad civil, bajo el falso argumento de que operar esas funciones es una responsabilidad del gobierno y que el intermediarismo permitió que se formaran sistemas de corrupción.

Esta equivocada visión de las cosas, no distinguió ningún caso en lo particular y de esa manera resultaron afectados por la medida, los albergues que se encargan de dar alojamiento a mujeres que han sido víctimas de violencia grave y necesitan un refugio. Estos espacios son vitales, ya sea para esconder la identidad de una mujer y evitar un ataque por parte de su agresor o bien porque en esos centros de ayuda que funcionan gracias a la vocación y entrega de otras mujeres, se articulan redes de apoyo que les permiten a las víctimas de violencia resistir unidas y con más y mejores herramientas para erradicarla de sus vidas y las de sus hijos.

Al igual que con las estancias infantiles, el gobierno anunció que entregará el subsidio existente de forma directa a las mujeres que requieran los servicios de los refugios para víctimas de violencia.Es decir, a la necesidad de las mujeres de protección a la integridad física, asistencua terapeútica, asesoría legal, y acompañamiento y redes de apoyo, el gobierno federal responderá con una transferencia económico que lejos de resolver ninguna de las complejas aristas de la violencia, además colocará a las mujeres en mayor propensión y vulnerabilidad, porque las parejas violentas podrían seguir cometiendo esa conducta, pero ahora además despojando a las mujeres del dinero que reciban.

Otro aspecto verdaderamente penoso de estos atropellos, es que el presupuesto para ejercicio fiscal 2019, en el que se restringieron estos fondos dirigidos a garantizar el pleno ejercicio de derechos de las mujeres, contó con el voto de las mujeres de Morena, quienes a pesar de formar parte de “La Legislatura de la paridad de género”, no tuvieron empacho en congraciarse con el presidente, aún cunado ello implicaba traicionar el primer mandato de su representación política: ser mujeres y legislar en beneficio de las mujeres.

Detrás del desmantelamiento de programas institucionales que son políticas públicas orientadas a la atención de problemas sociales, se encuentra la evidente intención de López Obrador de sustituir las acciones del gobierno por programas clientelares que no rindan cuentas del dinero que manejen y en los que los objetivos, las metas y las reglas de operación, resultan prescindibles frente a la rentabilidad política que de ellos pretende obtener él y su partido.

Quienes creemos en una política humanista y en el principio de subsidiariedad, sabemos que el gobierno que hoy tenemos no aprecia el esfuerzo de la sociedad civil porque es de corte estatista y clientelar. Nosotros reafirmamos que seguiremos luchando por tanta sociedad como sea posible y tanto gobierno como sea necesario y que las políticas públicas pueden tener distintos enfoques, pero lo que no es negociable es que en todos los casos deben respetar los principios de dignidad humana, libertad política y democracia participativa.

Esos valores democráticos con los que el PAN nació, deben ser retomados y abrazados como las banderas que nos acompañen en la lucha contra este populismo autoritario que amenaza la libertad, el desarrollo y los derechos de las mujeres en nuestro país.

Si cerramos los ojos frente a la misoginia del gobierno y no hacemos nada frente a sus abusos, retrocederemos décadas en la lucha por lograr la igualdad sustantiva entre hombre y mujeres. Si no defendemos lo que las mujeres tenemos y que nadie nos regaló porque lo ganamos luchando, perderemos los avances alcanzados, y lo peor: aceptaremos que nuestras hijas y las hijas de nuestras hijas deban vivir en un país que dejó morir su democracia.

POR JOANNA F. TORRES
La importancia de que las mujeres participen en la política radica, entre otras cosas, en que su presencia contribuye a modificar las pautas, los usos y las costumbres de hacer política, así como a transformar el contenido de la agenda pública. Las mujeres aportan a la política puntos de vista, aptitudes y perspectivas diferentes que ayudan a conformar el programa político incluyente y plural que represente los intereses de las dos mitades de la población.

A pesar de ello, históricamente hemos estado subrepresentadas, en México y en el mundo. Nuestra presencia en cargos de elección popular, en la administración pública de todos los niveles de gobierno, e incluso en los espacios de participación social, ha sido el resultado de una lucha permanente para lograr inclusión.

Ejemplo de esto es que, ante el proceso electoral más grande de la historia de México, y en un esfuerzo multidisciplinario de instancias y autoridades involucradas en la atención de la violencia política contra las mujeres en razón de género, se diseñó el Protocolo para la Atención de la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género 2017.

 Además, el INE implementó medidas sin precedentes, para asegurar no sólo la paridad en la postulación de candidaturas, sino también en la composición final del Poder Legislativo Federal.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, no solamente confirmó estas medidas sino las maximizó para lograr una mayor participación de mujeres indígenas.

En tres entidades de la República: Oaxaca, Veracruz y el Estado de México, las legislaturas estatales han reformado el Código Penal estatal tipificando la violencia política de género como un delito.

Partidos políticos como el PAN, PRI, PRD, NUEVA ALIANZA, MORENA, cuentan con Protocolos específicos de atención a la violencia política en razón de género en sus ámbitos de justicia intrapartidista. Otros partidos lo han contemplado de manera general en su normatividad partidista.

No obstante, éstos y muchos otros esfuerzos, las prácticas, actitudes y estereotipos de género discriminatorios se recrudecen e incrementan en la medida en la que más mujeres participan en las contiendas electorales y ocupan cargos de elección popular, lo que ha traído como consecuencia la marginación y exclusión de los espacios y procesos de tomas de decisión del país.

Entre los altos costos que ha tenido el aumento de la participación política femenina, se encuentra precisamente la violencia política contra las mujeres en razón de género, que constituye la máxima expresión de discriminación política que inhibe, minimiza y limita el pleno ejercicio de los derechos político electorales, degradando con ello nuestra democracia.

Entre las afectaciones que un acto de violencia política puede generar en el proyecto de vida de las mujeres es el abstencionismo de participar en la política. Y esto es muy grave, porque afecta directamente el propósito de la igualdad sustantiva en los espacios de decisión del país.

Peor aún, tolerar la violencia política en contra de las mujeres favorece su perpetuación y la aceptación social de este fenómeno.

En la transición hacia la igualdad sustantiva, hoy nos encontramos en una fase de aumento cuantitativo de mujeres en las legislaturas, hoy tenemos la llamada Legislatura más paritaria de la historia.

Pero este aumento cuantitativo debe ser seguido necesariamente por una fase cualitativa que mejore la democracia y aumente la incidencia de las mujeres en los espacios de decisión; no acotada exclusivamente a los temas de igualdad de género, sino aplicados en todos los temas trascendentales de la vida pública y problemáticas del país.

Ante ello, las mujeres que hoy practican la política, se encuentran ante un momento histórico, que implica la altísima responsabilidad de impulsar profundas transformaciones cualitativas en la manera de hacer política y en la forma de gobernar.

Parte de los cambios en la manera de hacer política es evitar que la segmentación partidista sea un obstáculo para luchar por la erradicación de la violencia política en razón de género y formar alianzas estratégicas entre nosotras mismas.

De tal forma que cada mujer política que ha logrado un cargo de elección popular, cada mujer que ha logrado ocupar un cargo en los espacios de decisión del país, tiene la responsabilidad social de impulsar y promover los temas de igualdad de género e incidir en temas trascendentales para el género femenino; porque además de nuestra inteligencia, experiencia y capacidades, que hoy podamos ocupar esos cargos ha sido el resultado de una lucha histórica preponderantemente de mujeres, para que las mujeres de hoy logremos el pleno uso y goce de nuestros derechos políticos.

Por cada mujer que deja de hacer política debido a la violencia, independientemente de su afinidad política y partidista, es una candidata menos y en consecuencia una funcionaria pública menos, una tomadora de decisiones menos y menor perspectiva femenina en el diseño e implementación de políticas públicas y en las reformas legislativas.

Por ello, el empoderamiento legal de mujeres es una de las trincheras que necesariamente deben de ser cubiertas para erradicar la violencia política en razón de género y así lograr la igualdad sustantiva que tantas iniciativas sociales pretenden.

El hecho de que, pese a las iniciativas legislativas presentadas aún no se cuente con una ley específica sobre la violencia política contra las mujeres, complica el tratamiento del tema a nivel jurisdiccional.

Por lo que, ante estas claras limitaciones legales, se deben generar criterios jurisdiccionales que abonen a la prevención y erradicación de este tipo de violencia.

¿Cómo se generan esos criterios y precedentes jurisdiccionales? Denunciando la violencia política, visibilizándola, promoviendo juicios, buscando justicia; a través de un caso concreto se puede incidir e irradiar el efecto de una sentencia para evitar casos similares en el futuro.

No es una tarea sencilla, pero en tanto no existan condiciones sociales de prevención y reformas legislativas que sancionen de manera ejemplar la perpetración de este tipo de violencia, la reacción inmediata puede encontrarse en los precedentes que se logren configurar para impedir que las prácticas discriminatorias contra las mujeres políticas continúen reproduciéndose.

No olvidemos que la lucha por prevenir, sancionar y erradicar cualquier tipo de violencia en contra de las mujeres, coadyuva a erradicar los demás tipos de violencia también.

POR GUILLERMO FLORES MANRÍQUEZ
El pasado 13 de febrero el Presidente de la República lanzó el que puede considerarse su agravio más delicado, pues en sus dichos se refirió a quienes han sentado las bases de la participación ciudadana en nuestro país: la sociedad civil organizada.

En sus palabras señaló que “No sé quién agarró eso de la sociedad civil, (que) se apropió la derecha, el conservadurismo. Es muy raro encontrar que haya un agrupamiento de la sociedad civil progresista, y hay gente bien intencionada, pero por lo general, todas las empresas promueven organismos de la llamada sociedad civil independientes que lo son, pero del pueblo, no de los intereses creados”. Con esta postura, el presidente atenta contra varios conceptos.

Va contra la pluralidad de ideas, de valores y creencias, en su afán de dividir a la sociedad en izquierda y derecha, agrupa a la sociedad civil en una sola ideología o postura arrinconando a quienes incluso se identifican con las ideas políticas del presidente, sus votantes y sus aliados; al decir que la sociedad civil es de derecha, ubica en una inexistencia a toda aquella que ha levantado el puño izquierdo en pro de sus derechos, causas y banderas.

Menosprecia la lucha en general, que durante décadas la sociedad civil organizada, de derecha, de izquierda o de centro, emprendió para conquistar espacios y construir instituciones.

Atenta contra la democracia, ya que discrimina a los ciudadanos que no encuentran en los partidos políticos un espacio de participación, pero que no son indiferentes a los problemas de sus comunidades y se agrupan en torno a un tema, una adversidad o una causa que se vuelve estandarte.

Al hablar de organizaciones de la sociedad civil, hablamos de ciudadanos que desean colaborar con su país desde una trinchera que les permita expresarse y generosamente dedicar esfuerzos para mejorar las condiciones de vida de sus semejantes, mejorar sus comunidades.

Las desafortunadas declaraciones del jefe del Ejecutivo se suman a la lucha que durante mucho tiempo la sociedad civil ha enfrentado. Basta recordar en los antecedentes del México contemporáneo que, si bien muchas de las organizaciones de la sociedad civil emanaron y se fortalecieron de la promoción por parte del pensamiento y la acción católica o de grupos empresariales; perversas según el maniqueísmo obradorista; son también la revolución cubana y el comunismo fuentes de inspiración de la participación social desde otros espectros políticos.

Hablamos de movimientos de estudiantes, de obreros, de campesinos, de maestros y médicos, movimientos de grupos culturales, sin fines lucrativos y políticos, movimientos que nacen de manera voluntaria en respuesta organizada a necesidades y demandas populares. Todos ellos se incluyen en las declaraciones en contra de la sociedad civil. Por ello la postura de quien encabeza el gobierno que se autodenomina de la “transformación” debe ser de unidad y promoción, no de descalificación. Una sociedad más participativa garantiza un avance que fortalece a la democracia. El presidente en lugar de descalificar y buscar conflicto con la sociedad civil debería aprovechar su bono popular para inspirar a más ciudadanos a trabajar y seguir colaborando en la construcción de instituciones sólidas y fuertes, desde la noble trinchera de las organizaciones de la sociedad civil; ser aliados no rivales.

Pero tal parece que al “nuevo régimen” esta idea no le interesa, en su brújula no está fortalecer mediante recursos y mecanismos de participación a la sociedad civil organizada. Tal parece que su norte está en desmantelar además de instituciones y el trabajo de gobiernos anteriores, miles de esfuerzos ciudadanos que surgieron para atender las carencias que ni las autoridades, ni los partidos políticos han logrado resolver. Como dijo la titular de Función Pública, para la “transformación” el Presidente es el Estado.

Estos acontecimientos abren una ventana de oportunidad para quienes formamos parte de la oposición de este gobierno. En defensa de las organizaciones de la sociedad civil surgió la contención empresarial quien, en voz de Gustavo de Hoyos, Presidente Nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana, recordó que la batalla en contra de la sociedad civil organizada viene desde la campaña del entonces candidato López Obrador, cuando cuestionó la participación de las organizaciones. Al confrontar este conflicto el empresario retomó la respuesta que entonces se expuso en campaña ante tales descalificaciones, publicando los 10 cambios que en principio fueron propuestas, después exigencias y que al final se convirtieron en Instituciones. Entre ellos destacan: la creación del Instituto Federal Electoral, la autonomía de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Banco de México, la reforma política de la Ciudad de México, la evaluación educativa y el servicio profesional docente, la evaluación independiente de la política social y la creación del CONEVAL, la creación del INAI y la agenda de transparencia y rendición de cuentas, la reforma en Derechos Humanos la Ley 3 de 3 y la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, el amparo que condujo a la obligación de legislar en materia de publicidad gubernamental y la iniciativa para contar con una Fiscalía verdaderamente independiente.

En todos y cada uno de los cambios mencionados, hay un común denominador, el acompañamiento de Acción Nacional. En esa ventana de oportunidad que nace de la sociedad civil, debe surgir no sólo el recuerdo de las batallas que en conjunto hemos enfrentado, sino la fortaleza de nuestros triunfos culturales, morales y políticos. Alejarnos de nuestros orígenes y de aquello que nos hizo crecer es el motivo por la cual el hartazgo rebasó a la razón y el tropiezo nos alcanzó.

A pesar de la debacle, en el ADN de nuestro instituto político corre la sangre de la sociedad civil organizada, de ella emanaron los mejores candidatos, líderes opositores y gobernantes, aquellos que le dieron un giro a la forma de ejecutar los asuntos públicos. Ellos presentaron los modelos de Gobernanza Humanista hoy impulsados por la Asociación Nacional de Alcaldes, los mismos que conquistaron las capitales y ciudades más importantes, ganando de la periferia hacia el centro.

Ahí está una de las respuestas a nuestros foros de análisis a lo ocurrido en julio de 2018, voltear a ver a la sociedad civil organizada, no para vanagloriarnos que sin nosotros su lucha es estéril, sino reconocernos como parte de esta, reconocer nuestros errores, nuestro distanciamiento y ofrecer lo que realmente somos, ser un instrumento de su causa.

En el sistema de partidos políticos que hay en nuestro país, la manera más efectiva de acceder al poder es mediante un instituto político como el nuestro. Acción Nacional más allá de definirse por antonomasia oposición, debe serla. Debe abrirse a las ideas de quienes día a día sufren los embates de este gobierno; ciudadanos rechazados por pensar diferente; debe oponerse a ese sistema populista que aparenta ser aliado del pueblo, cuando en realidad sólo busca su usufructo.

Debe tender la mano a las organizaciones de la sociedad civil, escuchar, acompañar y levantar con ellas las banderas, no para un propósito meramente electoral, sino para reconocerse, distinguirse y sobre todo servir a México.

Por ello, el llamado a todos los panistas, dirigentes y militantes de todos los niveles debe ser: con la sociedad civil ¡siempre!